El documento de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa firmado por su director, Jorge Pablo Nogues, fechado el 23 de noviembre de 2018, indica que “se está frente a un Decreto Municipal emanado de un Poder Ejecutivo a nivel Municipal, por lo que en principio, el firmante carecería de potestad para impugnar o invalidar los efectos y alcance del mismo”.

Por otra parte el Dictamen del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que está fechado el 18 de diciembre de 2018, dictamina que “el decreto que se ataca fue emanado de la máxima autoridad del Estado municipal. La administración local no guarda relación jerárquica con el Estado Nacional. Consecuentemente, esta autoridad de aplicación no es competente para expedirse sobre la validez y legitimidad de tal acto administrativo”.

Adjuntamos los documentos legales anteriormente descritos.