A dos días de cumplirse 41 años del último golpe cívico-militar, el Centro Cultural Pipach alojó al nutrido público que asistió a la exposición del informe “Responsabilidad Empresarial en delitos de Lesa Humanidad". El libro fue publicado en 2015 desde el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación), el Cels y el Área de Economía y Tecnología de Flacso.

La presentación estuvo a cargo del licenciado en Historia, Alejandro Jasinski y el abogado del Cels, Sebastián Blanchard, quienes participaron de la profunda investigación basada en 22 informes sobre 25 de las principales empresas del país y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión.

Jasinski brindó un pantallazo histórico, incluido en los dos tomos de 1.000 páginas producidos por cerca de 20 investigadores durante dos años de trabajo. Jasinski definió este trabajo como “un ejercicio de reinterpretar lo que ocurrió no sólo en los años 70 sino en un mucho más largo plazo”. En su exposición el licenciado sintetizó al respecto: “El Estado terrorista va a producir transformaciones económicas; se reestructura absolutamente el sistema económico y de relaciones laborales” y agregó: “Se fragmenta la clase obrera, empiezan a aparecer situaciones de informalidad y de diferenciaciones salariales con ruptura del orden legal”. Jasinski expuso cifras del informe que muestran ejemplos de la acumulación de capital de algunas empresas durante la dictadura, entre ellas mencionó el caso Bunge y Born, que pasó de tener 60 empresas en el 73 a tener 92 en el año 90, Pérez Companc, que tenía 10 empresas en 1.973 y en 1.983 llegó a acumlar 54 y el Grupo Macri que de tener 7 empresas en 1.973 pasó a tener 47 en el 83. Otras de las cifras que expuso Jasinski sobre la investigación se relaciona con la redistribución del ingreso producida desde el golpe de Estado. “A partir del año 74/75 la participación de los asalariados en el ingreso pasa de 45% al 25% en 1.977, el cambio es brutal” señaló el historiador.

Acerca de los propósitos del informe Jasinski considero que el mismo permite “pensar no solo el delito económico que ya está probado con la estatización de la deuda y el recambio del modelo económico sino, además, probar la partición empresarial en los hechos concretos de la represión de los trabajadores”. En este sentido el abogado, Sebastián Blanchard, contó el estado de algunos de los juicios que se llevan adelante por la represión y desaparición de trabajadores de las empresas investigadas en el extenso informe.

Al finalizar la exposición, el panel realizó un intercambio de opiniones y respondió las preguntas de los asistentes. Entre los presentes estuvo el intendente Municipal, Gustavo Barrera, la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Migliorisi, los concejales Florencia De Cabo e Ignacio Paganini, uno de los impulsores de la actividad junto con el Secretario de Cultura, Educación y Deportes, Carlos Rodriguez.