El instrumento, que modifica la Ley de Violencia Familiar, habilita a los organismos que integran la Red Provincial de Prevención y Atención de las víctimas a recibir denuncias, elaborar una estrategia de intervención para el abordaje de la problemática y seguir el caso.

Esa red está integrada por la Jefatura de Gabinete; los ministerios de Gobierno, Desarrollo Social, Economía, Justicia, Seguridad, Producción, Asuntos Agrarios, Salud, Infraestructura y Trabajo; las secretarías de Niñez y Adolescencia y de Derechos Humanos, la Dirección General de Cultura y Educación y los Servicios de Protección y Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También participan de la red los hospitales públicos provinciales, municipales y los centros de salud; las comisarías -especialmente de la Mujer-; las oficinas de atención a las Víctimas de Violencia de Género, las ONG de reconocida trayectoria en la materia y las facultades de las universidades con asiento en la provincia.
Cuando esos organismos y otros que deseen sumarse tomen conocimiento de una situación de violencia, “actuarán conforme sus respectivos protocolos, reglamentos internos y acordadas”, dispone la norma.

Los menores de edad y los incapaces víctimas de violencia familiar podrán exponer esos hechos ante cualquiera de esos organismos, sin necesidad de estar acompañados por otra persona y formular la denuncia sin obligación de contar con un abogado.

No obstante, una vez instada la acción se garantizará a “la debida asistencia jurídica de modo gratuito y preferentemente especializada”, a través de las defensorías oficiales.

El decreto determina que cuando la denuncia sea efectuada ante la policía deberá ser recibida “en forma obligatoria, constituya o no delito el hecho denunciado, y remitida en forma inmediata a la autoridad judicial competente”, con copia a la Comisaría de la Mujer zonal o al servicio local de promoción y protección de derechos de niños y adolescentes “para el seguimiento del caso”.
La modificación formulada a la ley establece también que la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerenses implementarán un formulario para tomar denuncias por hechos de violencia familiar y que el Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación.